Las investigaciones comenzaron en el mes de mayo de 2021, cuando los agentes detectaron la existencia de una organización que estaba utilizando rutas de exportación desde el territorio nacional y el resto del continente europeo hacia países africanos, para transportar en el interior de contenedores marítimos grandes cantidades de residuos no descontaminados, suponiendo un grave riesgo para el medio ambiente.

La organización compraba en centros de reciclaje o desguaces residuos de alto valor, como motores de camiones o automóviles, compresores de electrodomésticos, aparatos electrónicos usados y otras piezas industriales que no eran sometidas al pertinente proceso de descontaminación exigido por la normativa vigente.

Una vez recopilaban la cantidad suficiente de residuos, los cargaban en un contenedor hasta completar su capacidad total, llegando en algunos casos incluso a superar la capacidad máxima de carga, lo que suponía un riesgo para los propios buques portacontenedores. Se han llegado a intervenir 33 toneladas de residuos en un solo contenedor.

Una vez cargados los residuos, los contenedores se trasladaban mediante buques portacontenedores a países africanos; concretamente Senegal, Guinea, Nigeria, Ghana y Mauritania. En estos países resulta habitual que los residuos sean manipulados por trabajadores sin ninguna protección. Asimismo, utilizan la quema sin control para extraer los materiales de interés, liberando a la atmósfera todo tipo de humos y gases contaminantes.

Estos traslados incumplían un amplio catálogo de normativa, tanto comunitaria como nacional, en materia de tratamiento de residuos y medioambiente no adjuntando ninguna documentación o aportándose en ocasiones certificados de descontaminación sin validez alguna, a la vez que suponen un grave riesgo para el medioambiente, al producirse derrames de sustancias altamente contaminantes como aceites industriales o la fuga de gases refrigerantes.

En cuanto al material intervenido, se han recuperado 588 bombonas de butano y propano propiedad de mercantiles dedicadas a la venta de combustibles que habían denunciado su robo, imputándole por este hecho a los investigados un presunto delito de receptación.

Entre los residuos también se encontraban multitud de piezas de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), continentes de gases refrigerantes y sustancias peligrosas que influyen en el agotamiento de la capa de ozono y el calentamiento global, además de ser perjudiciales para la salud humana si no reciben la gestión y el tratamiento adecuados. Asimismo, se han intervenido cinco vehículos preparados para su exportación.

La cantidad total de residuos contaminantes intervenidos durante la operación ha superado las 200 toneladas.

Las fuerzas de seguridad investigan en el curso de las pesquisas a siete personas, tres de nacionalidad guineana, dos de nacionalidad senegalesa, una de nacionalidad nigeriana y una de nacionalidad española.