El último balance cerrado por la IGAE, correspondiente a 1991, señala que los costes de financiación de los distintos déficits públicos se elevó a 2.184.100 millones de pesetas, un 4 por cien del PIB y 0,5 puntos más que el registrado en el periodo 1987-1990.

La mayor parte de esos intereses correspondieron al Estado, un 3,3 por ciento del PIB, mientras que el resto se repartió entre las autonomías y las corporaciones locales

Los intereses de la deuda han crecido a medida que lo hacía el gasto del conjunto de las administraciones públicas, que pasó de 4,11 billones de pesetas en 1979 a 24,7 billones en 1991, lo que supone un incremento medio anual del 16 por cien.

Como consecuencia, según el balance de la IGAE, publicado en el último número de la revista Cuadernos de Actualidad, del Instituto de Estudios Fiscales, el gasto público pasó de representar el 13,9 por ciento del PIB en 1979 al 45,1 por cien en 1991.

E gasto en intereses fue el que tuvo un comportamiento más expansivo, con un aumento anual medio del 31,5 por ciento, seguido del gasto en inversión, que creció un 30 por cien.

Según la IGAE, el fuerte crecimiento de los gastos financieros de las administraciones deriva, además del crecimiento de sus déficits, del recorte a la apelación al Banco de España, que hasta 1983 suponía entre un 30 y un 40 por ciento de la deuda de las administraciones, con un tipo de interés cero, y en 1991 sólo representaba l 5 por cien del total.

DESCENTRALIZACION

Por otra parte, el informe de la IGAE pone de manifiesto la fuerte descentralización experimentada en la última década en lo referente al gasto en inversiones, hasta el punto de que autonomías y ayuntamientos superan al Estado.

Concretamente, en 1979 el Estado y la Seguridad Social gestionaron el 71,2 por ciento de la inversión pública real, mientras que el 28,8 por cien restante recayó sobre las corporaciones locales.

Once años después, en 1991, l inversión en capital fijo es realizada en un 62 por ciento por comunidades y corporaciones locales, a partes prácticamente iguales, mientras que el resto corresponde al Estado.

Por lo que se refiere al gasto de personal, las remuneraciones de los asalariados del sector público pasaron de representar el 9,3 por ciento del PIB en 1979 al 11,3 por cien en 1991.

Las prestaciones sociales tuvieron una evolución irregular, con un crecimiento muy significativo entre 1979 y 1981, antes de la llegada delPSOE al poder, cuando creció en 1,8 puntos y se situó en el 13,7 por ciento del PIB.

A partir de entonces, se estabilizó en torno al 14 por ciento del PIB, hasta que en el bienio 1989-91, tras la huelga general del 14-D aumentó 0,7 puntos más. Las prestaciones que más se incrementaron en este periodo fueron las de desempleo, las de personas con minusvalías y las no contributivas.