Los hechos ocurrieron a las 12 de la mañana, cuando dos trabajadoras auxiliares de la clínica abrieron la puerta de la celda que ocupa el interno, para cambiar las sábanas de su cama. El recluso se abalanzó sobre ellas, arrojándolas contra la pared.

Posteriormente, el agresor golpeó a un funcionario del psiquiátrico, causándole heridas en un oído que requirieron varis puntos de sutura. También agredió a dos limpiadores, a uno de los cuales le golpeó contra una puerta, por lo que presentaba dificultades respiratorias.

Debido a los golpes, una de las auxiliares de clínica, el funcionario y el limpiador que tenía dificultades para respirar fueron trasladados al Hospital García Morato, donde se les prestó asistencia sanitaria.

En un comunicado difundido por USO, el sindicato denuncia la situación que padece el personal laboral del psiquiátrico sevillano, que "po orden del gerente, Carlos Laffon Roca, está obligado a sufrir el permanente contacto con los enfermos mentales, a pesar de la peligrosidad manifiesta de la mayoría de éstos".

UN FUNCIONARIO POR 40 ENFERMOS

Asimismo, indica que la probabilidad de que ocurran este tipo de hechos, si la mencionada orden no es abolida, ya fue puesta en conocimiento del gerente a principios de año. Según USO, sólo hay un funcionario en cada módulo de cuarenta enfermos, por lo que no puede garantizar la seguridad del peronal sanitario.

Por todo ello, USO pide a la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios que realice una inspección del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, con el fin de comprobar la inseguridad a que está sometido el personal sanitario.

También exige la inmediata aprobación de un plus de peligrosidad para el personal laboral de instituciones penitenciarias que esté en contacto diario con internos. Según la USO, estos trabajadores cobran una nómina mensual de 78.000 pesetas.

Finalmente, a central denuncia las órdenes de dirección, a su juicio "incongruentes", "que posibilitan este tipo de actos y que, a su vez, evidencian la absoluta incapacidad de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios para garantizar la integridad física tanto de internos como de funcionarios".