Según informó hoy la AI en un comunicado, el artículo 36 de la nueva norma, que regulará el sector de las telecomunicaciones en España, dice literalmente que se podrá imponer la obligación de facilitar a un órgano público las claves, algoritmos o cualquier procdimiento de cifrado utilizado por los internautas, lo cual es "innecesario, arbitrario e inconstitucional".

A este respecto, explicó que el artículo 18.3 de la Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo que medie resolución judicial, por lo que la redacción del proyecto de ley de "Telecos" debe ser modificada "para no cometer una intromisión ilegítima en los derechos de los ciudadanos", ya que el cifrado "consiste en un refuerzo del secreto garantizado en el texto constitucional". Este sistema de seguridad se usa no sólo para encriptar mensajes electrónicos, sino para operar en la banca electrónica o en el comercio en línea y asegura la confidencialidad y autenticidad de las transacciones. Según la AI una aplicación extrema de la ley, si finalmente no se modifica, "permitiría acceder a los números pin de las tarjetas de crédito o a las contraseñas del correo electrónico".