La fiscalía solicita para Joé María Elosúa una pena de 8 años de prisión mayor, multa de un millón de pesetas y una indemnización a la familia Revilla Sánchez de otro millón, al considerarle autor de un delito de colaboración con banda armada, según las conclusiones provisionales del fiscal, Jesús Cardenal, a las que tuvo acceso Servimedia.

Por su parte, para el procesado Francisco Arratibel, reclama una condena de 8 años de prisión mayor, multa de 2 millones de pesetas y una indemnización a la familia Revilla de 75 millones porel mismo delito.

En sus conclusiones provisionales, el ministerio fiscal estima que, tras el rapto de Emiliano Revilla, el 24 de febrero de 1.988, un representante de la familia, Miguel Gil, contactó con un abogado donostiarra que había participado en las negociaciones para la liberación de otro secuestrado, quien le puso en contacto con un despacho de un colectivo de abogados del que formaba parte, José María Elosúa.

Durante las posteriores entrevistas mantenidas entre Gil y Elosúa, "que tuviero lugar en seis u ocho ocasiones", el abogado le informó que la organización ETA exigía 2.000 millones de pesetas a cambio de liberar al industrial, llegando posteriormente a un acuerdo en el que se fijó la cifra de 750 millones de pesetas.

Ante las sospechas de que las Fuerzas de Seguridad del Estado pudieran estar siguiendo a Gil, la familia Revilla delegó su representación en Domingo Estrada, que continuó las negociaciones con el procesado José María Elosúa.

Fue éste quien comunicó que ETA acepaba la suma anteriormente acordada, a pagar antes de la liberación de Emiliano Revilla, y a la que habría que sumar otros 100 millones de pesetas más que serían entregados después de aquella.

La primera entrega del dinero fue efectuada en Bayona (Francia) el día 24 de abril, según el informe del fiscal, y fue recogida por dos miembros de ETA, José Félix Pérez y Juan Carlos Etxebarría, que posteriormente resultaron detenidos en posesión del dinero.

En días posteriores, el también industrial Francico Arratibel, nombrado nuevo interlocutor, hizo saber a Estrada que, debido a las dilaciones habidas por el cobro del rescate, la organización armada había elevado el precio del mismo.

El 25 de julio la familia Revilla entregó a Arratibel 600 millones de pesetas, de los cuales 75 correspondían al depósito exigido por el propio Arratibel, 500 que servirían "para que los secuestradores no dieran muerte a Emiliano Revilla hasta tanto se llegaba a un acuerdo final en el precio del rescate", y los 25 milloes restantes para pagar a los contrabandistas que debían pasar el dinero a Francia.

COBRO DE COMISIONES

En octubre del 88, Arratibel volvió a exigir a la familia Revilla otro pago de 600 millones, más un cinco por ciento para las personas que pasaban el dinero al pais vecino, tras el cual Emiliano Revilla fue puesto en libertad el 30 de octubre.

Por otra parte, el 4 de julio la policía francesa incautó en París al activista de ETA Juan Carlos Echevaría cien millones entregados para la liberació de Emiliano Revilla, como resultado de las infructuosas gestiones realizadas por Margarita Revilla con el propósito de conseguir la liberación de su padre.

Para la vista que comenzará el lunes 7 de marzo, el abogado defensor de José María Elosúa, Miguel Castells, pidió la opinión de los obispos vascos sobre la actividad de mediación en los supuestos de secuestro bajo amenaza de muerte, de imposible o difícil solución policial.

Los tres titulares de las diócesis vascas consideraron que es rechazale la mediación para favorecer a los secuestradores, pero sí resulta aceptable cuando su finalidad es lograr la libertad del secuestrado.