Así consta en unarespuesta parlamentaria del Gobierno al diputado y vicepresidente de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), Joan Saura, que, en una nota difundida hoy, criticó a la policía no haber hecho uso de dinero procedente de los fondos reservados para ese menester.

Interior reconoce que el Ayuntamiento de Tarragona, gobernado por CiU, puso a disposición de la investigación policial la cantidad de cuatro millones de pesetas, así como la contratación de tarjetas activas de un teléfono móvil. No obstante, en la rspuesta se informa de que la Dirección General de Policía ha devuelto tanto el dinero como el importe de dichas tarjetas al consistorio tarraconense.

El presunto chantajista inició su actividad delictiva a principios de este año, por medio de cartas anónimas que enviaba al Patronato Municipal de Turismo de Tarragona, en las que exigía dinero bajo la amenaza de atentar contra intereses turísticos con la colocación de bombas en determinados lugares de las playas del litoral de la provincia catalana.

En su contestación parlamentaria, el Gobierno subraya que el dispositivo policial incluía "una estrecha colaboración y coordinación con el Ayuntamiento de la ciudad". Asimismo, recuerda que "se utilizaron todas las posibilidades que otorga el ordenamiento jurídico a las Fuerzas de Seguridad del Estado para una eficaz explotación operativa de las líneas de investigación que se iban poniendo de manifiesto".

El diputado de IC-V tildó de "inaudita" la solicitud formulada en su día por la policía al municpio de Tarragona para que, a cuenta de sus presupuestos municipales, sufragase el dinero demandado por el chantajista.

Saura recordó que anualmente se aprueban unos Presupuestos del Estado en los que se consignan importantes partidas a los citados fondos reservados. El diputado catalán formulará nuevas preguntas al Ministerio del Interior para conocer si ésta es una práctica habitual por parte de la policía y si ha habido otros municipios que han tenido que adelantar a la policía cantidades de dinero ara hacer frente a este tipo de contingencias.

El Ejecutivo, en su respuesta parlamentaria, afirma, no obstante, que el caso de Tarragona "fue un hecho puntual" y que "no es un procedimiento habitual" de la policía recurrir a la cooperación económica de las corporaciones locales. Agrega que "es poco frecuente" la aportación voluntaria de instituciones públicas, privadas o de particulares para la financiación de actuaciones policiales.