En este sentido, ayer tuvo lugar una reunión en la sedede Interior entre altos cargos de este ministerio y representantes de empresas de seguridad para tratar el tema.

Según explicó a Servimedia Gerardo Renedo, presidente de la Asociación Madrileña Profesional de Empresas de Seguridad (AMPES), que acudió al encuentro, los interlocutores del ministerio mostraron su disposición a modificar el reglamento existente.

Por este motivo, el ministerio ha pedido a las empresas que presenten las modificaciones que crean oportunas, e incluso una ley alternativa i lo creen necesario.

El reglamento citado obliga a todas las empresas de seguridad a constituir un fondo de garantía en previsión de posibles sanciones e impuestos, que va de los 6 millones de pesetas para las empresas de ámbito autonómico a entre 20 y 50 millones para las de carácter nacional.

Según AMPES, esta fianza supone una "grave agresión" a las pequeñas y medianas sociedades y puede suponer la desaparición de cerca de 500 empresas cuya facturación no supera los 50 millones.

Renedo eplicó que su asociación estudia presentar un reglamento alternativo, algo que aseguró que también hará la formación política Convergència i Unió, que tiene formulado un recurso ante el Tribunal Constitucional por este tema.

En esta línea, AMPES presentó a finales de 1995 un recurso de queja ante la Comisión Europea, que fue aceptada a trámite y ha originado una investigación actualmente en marcha.