Las sanciones crecieron un 49 por ciento respecto a las impuestas en el año 2000, que alcanzaron una cifra total de 2,4 millones de euros.

Estas sanciones se impusieron a empresas o trabajadores intrusos en el sector, que no contaban con la autorización oficial pertinente para el desempeño de actividades de seguridad privada.

La persecución del intrusismo, dice el Gobierno, es "un objetivo prioriario" del Ministerio de Interior, que a través de la Dirección General de la Policía, trata de combatir estas actividades ilícitas detectando y sancionando tanto a las empresas como a los trabajadores, y manteniendo contactos con las asociaciones de empresas y las organizaciones sindicales.

Fruto de esta actividad fiscalizadora, el pasado año se sancionó a 152 empresas no inscritas, 27 más que en el ejercicio 2000. De igual modo, se procedió contra 86 trabajadores no habilitados, mientras que en 2000 ueron 136 los sancionados.

Finalmente, el año anterior se castigó a 216 empresas inscritas que utilizaron personal no habilitado en el desempeño de tareas de seguridad privada. En total, las empresas fueron multadas con 3,5 millones de euros y los trabajadores con algo más de 137.000 euros.

Entre las empresas legalmente constituidas y autorizadas para estas tareas se culminaron 1.282 procedimientos sancionadores por infracción de la normativa de seguridad privada en 2001 (1.411 en 2000), lo que sgnifica un porcentaje de infraccionse del 1,19 por ciento, según el Gobierno.

De estas cifras deduce el Ejecutivo que "el grado de cumplimiento de la normativa vigente en sector de seguridad privada se puede valorar como positivo", al igual que su "alto grado de profesionalidad".