Tras la unión, el instituto armado estaría encargado d velar por la seguridad nacional, mientras que la policía se ocuparía de todas las tareas reservadas a las fuerzas del orden autonómicas.

José Piñeiro González, portavoz del movimiento y expulsado de la Guardia Civil por promover actividades sindicales, señaló que poner en manos de un cuerpo militar cuestiones como la seguridad ciudadana, supone un grave peligro para los derechos constitucionales.

"Si la Benemérita no se moderniza, la 'ley Corcuera' se quedará pequeñita, porque van a militarizar oda España de golpe", aseguró, para añadir que sólo Franco firmaría una cosa así "sin pensarlo dos veces".

Piñeiro González señaló que iniciará una campaña para denunciar la corrupción existente entre la clase política española y, en especial, dentro del Gobierno. Para ello, ha entregado al Valedor do Pobo de Galicia (el defensor del pueblo gallego) informes sobre el uso inconstitucional que hace la Administración de la Guardia Civil.

A principios de año, los sindicatos de policía también divulgaon la existencia de planes para unificar los cuerpos de seguridad del Estado, que incluían potenciar en efectivos y medios a la Guardia Civil y dejar a los policías a disposición de las comunidades autónomas que no quieran crear cuerpos de seguridad propios, aunque se lo permitan sus estatutos.

Esta experiencia ya se ha realizado en Galicia, mientras que la Comunidad de Madrid estudia la posibilidad de pedir a Interior que le ceda algunos agentes para conformar una policía autonómica.