Los paros, convocados por UGT, CCOO y USO para presionar a las patronales de seguridad privada a que negocien un único convenio colectivo para todo el sector, que ocupa a 60.000 trabajadores, comienzan mañana y continuarán los días 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de este mes.

Los mínimos decretados por Interior, a los que tuvo acceso Servimedia, establecen que en los nueve días de huelga trabajarán el 75 por ciento del personal que presta servicios de seguridad en actiidades de depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas, billetes y demás objetos valiosos o peligrosos, especialmente explosivos, así como a su transporte y distribución.

También serán del 75 por ciento los servicios mínimos en las actividades de explotación de centrales de alarma y en todos aquellos establecimientos, instalaciones o actividades en los que el servicio de seguridad esté impuesto con carácter obligatorio en la Ley de Seguridad Privada.

En las centrales nucleares, petroqumicas, refinerías y depósitos de combustibles los servicios mínimos serán del 25 por ciento, al igual que en los transportes públicos, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y telecomunicaciones.

Estos servicios mínimos están muy lejos de los propuestos ayer por los sindicatos en una reunión mantenida con el ministerio, en la que plantearon uno mínimos del 25 por ciento en las actividades que consideran imprescindibles, como depósitos de explosivos, combustibles, nucleares y petroquímicas.

"BESTIALES YABUSIVOS"

Fuentes de los sindicatos convocantes de la huelga consultadas por esta agencia aseguraron que impugnarán el decreto de servicios mínimos de Interior, al considerarles "bestiales" y "totalmente abusivos, desproporcionados y desmedidos".

Las mismas fuentes indicaron que los mínimos fijados por el nuevo ministro del Interior, Antonio Asunción, "nos limitan al máximo el derecho fundamental de ir a la huelga que tenemos todos los trabajadores".

Las fuentes sindicales consultadas indicaon que esperan contar con un seguimiento de la huelga del 80 por ciento de los trabajadores. Los sindicatos exigen a las patronales del sector (Aproser, Fes, Acaes y Aese) que se sienten a negociar un único convenio para todo el sector, "para impedir que haya competencias desleales y los trabajadores cobren en cada sitio un sueldo".

Otro de los obstáculos en la negociación es que las patronales quieren equiparar los salarios de los vigilantes de seguridad a los de los guardas, de rango inferior, mientas los sindicatos exigen todo lo contrario.

En el convenio de 1992, la diferencia entre el salario de un vigilante y un guarda era de algo más de 32.000 pesetas y los sindicatos proponen la equiparación salarial en un plazo de dos años, para que en 1996 haya una única figura, el vigilante de seguridad, con una sóla retribución.