Según explicaron hoy a Servimedia fuentes del Ministerio del Interior, a los 40.000 inmigrantes ilegales, según la cifra de los sindicatos, se les aplicará la Ley de Extranjería como se venía haciendo hasta ahora, independientemente del paréntesis acordado por las organizaciones humanitarias y sindicatos y el Gobierno, para permitir egular la situación de este colectivo de personas.

En este sentido, el Gobierno no se plantea ninguna iniciativa distinta a las desarrolladas hasta ahora respecto de la población inmigrante ilegal en nuestro país. En cada uno de los casos que sean detectados por la Policía, el Ministerio del Interior estudiará su situación de manera personal.

La posibilidad de acceder a un trabajo, o de tenerlo en el momento de ser identificado, así como el hecho de que disponga de familia radicada en España, y oros condicionantes diversos, serán tenidos en cuenta por las autoridades españolas a la hora de valorar y decidir, en su caso, la expulsión o no de dicho inmigrante.

Con carácter general, las autoridades españolas procederán a la expulsión de aquellos inmigrantes ilegales que no cumplan alguno de los siguientes requisitos: Disponer de pasaporte en vigor, visado en los casos en que sea obligatorio, disponibilidad de medios económicos para el periodo de estancia en España, justificación de los motivos d su entrada a nuestro país, certificado sanitario si es requerido, haber sido expulsado y tener todavía prohibida su entrada en España, estar inscrito en el Sistema de Información de Schengen, o suponer un peligro para el orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales.

Asimismo, según el reglamento sobre extranjeros en España, serán objeto de expulsión los que estén incursos en procedimientos judiciales penales.