Esta medida pretende convertir a los agentes de seguridad privada en efectivos "plenamente válidos para la estrategia de seguridad estatal" y se contempla dentro del Plan Estratégico Operativo 2005-2006, que fue aprobado en el pasado mes de marzo, segun informaron fuentes próximas a la dirección de la Guardia Civil.

Las empresas de seguridad privada, según estas fuentes, disponen de 150.000 de agentes, que se incrementan en un 10% cada año, lo que reportaría un número considerable de efectivos a la seguridad del Estado.

Con este plan, los guardas jurados serían "utilizados" para la seguridad estatal, de acuerdo con la Constitución, que, según las mismas fuentes, los define como "auxiliares de los Cuerpos de Seguridad del Estado". Para ello, serían formados de manera más específica para realizar dicha función.

Así, los llamados "puntos sensibles" detectados por los diferentes estudios de las Fuerzas de Seguridad quedarían custodiados por estos efectivos de la seguridad privada.

Con esta medida de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública se pretende cubrir uno de los objetivosmarcado por el Ministerio del Interior en cuanto a la nueva planificación de la seguridad estatal se refiere.

De este modo, se establecerán los espacios de actuación concertada entre ambos sectores, bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Entre los acuerdos de colaboración que pretende entablar el Ministerio del Interior con la seguridad privada, también se encuentra aprovechar la relación con los detectives privados para "utilizar" sus contactos e investigaciones en caso de ser requeridas por las Fuerzas de Seguridad.