Estas unidades, que estarán formadas por grupos de profesionales adecuadamente organizados y equipados, se dedicarán a actividades de protección a personas y bienes afectados por catástrofes, tanto en territorio español como fuera del mismo.

La constitución de estas unidades se desarrollará mediante la puesta en marcha de convenios entre el Ministerio del Interior, através de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y los órganos de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos que dispongan de servicios de emergencia con personal de cualificación suficiente.

El real decreto tiene, según el Gobierno, una doble finalidad: por un lado, incorporar un instrumento desarrollado en el marco de la Unión Europea y creado para mejorar la actuación concertada ante situaciones catastróficas, y por otro, completar la acción protectora del personal de estas unidades que actúa en dichas situaciones.

El Ejecutivo considera que las nuevas unidades constituyen un instrumento idóneo para posibilitar la participación española en un mecanismo europeo acordado para esta materia, por lo que la norma recoge explícitamente la posibilidad de movilización en el ámbito del Mecanismo Comunitario y los procedimientos a seguir en cada caso.

Esta norma garantiza que los miembros de las citadas unidades dispondrán de cobertura a través de un seguro por accidente, invalidez o muerte en los casos en los que no estén incluidos en el ámbito de la normativa sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones de paz y seguridad, ya que en ese caso el Ministerio del Interior correrá con los gastos de dicho seguro.