Las previsiones del Gobierno señalan que serán revocados 7.700 de los 8.500 expedientes que están aún pendientes. Sólo el 9,15 por ciento serán confirmados, por razones extremas de delincuencia o prostitución, entre otros casos.

Puig de la Bellacasa compareció hoy en la Comisión de Justicia e Interior, a petición de IU, para informar del proceso de regularización de inmigrantes, iniciado el pasado mes de juno.

Según las últimas cifras que maneja Interior, se han presentado 132.934 solicitudes de regularización, de las cuales ya se han resuelto 92.678.

El Gobierno ha dado su visto bueno a 81.221 (87,6 por ciento) y 7.440 han sido denegadas (8,2 por ciento). De estas últimas, 5.227 han sido rechazadas porque la entrada del extranjero fue posterior al 15 de mayo, fecha límite para solicitar la regularización, y 1.622 por antecedentes policiales o presentación de documentación falsa.

El responsablede Interior pronosticó que, al cierre definitivo del plan, 120.000 inmigrantes habrán regularizado su situación en España, "la gran mayoría de los extranjeros que se encontraban ilegalmente en España antes del 15 de mayo".

MARRUECOS

Por comunidades autónomas, Cataluña encabeza el número de solicitudes, con 40.029, seguida de Madrid (39.825), Andalucía (14.487) y Murcia (6.170).

Respecto a los países de origen de los ya regularizados, figura en primer lugar Marruecos, con 60.000 personas, seguid a gran distancia de República Dominicana y Argentina.

Tras el proceso de regularización, se alterará el porcentaje de ciudadanos de la CE y extracomunitarios que trabajan en España. Si el pasado año la relación era 59-40 por ciento, ahora se invierte a 46-53 por ciento a favor de los extracomunitarios.

Raimundo Aragón, director general de Emigraciones, que también compareció en la Cámara Baja, informó del contenido de la encuesta realizada entre los solicitantes de la regularización para determiar el perfil de este colectivo.

Según este sondeo, el 92 por ciento de los inmigrantes regularizados tiene contrato de trabajo y gana una media de 100.000 pesetas.

La portavoz de IU, Cristina Almeida, consideró una "irrealidad" este dato y denunció duramente la campaña de información desplegada por Interior para explicar el plan de regularización. "Se ha informado tarde a los afectados y no se han utilizado varios idiomas en los folletos explicativos", afirmó esta diputada.

Almeida exigió exlicaciones sobre las denuncias de corrupción detectadas en el Consulado de Marruecos durante la tramitación de las solicitudes.

Puig de la Bellacasa replicó sobre este punto que la presunta corrupción se ha conocido tras la apertura de diligencias policiales y añadió que este hecho no tiene un significado cuantitativo importante.