Según explicó el letrado a los periodistas, su cliente considera justificada esta actuación por existir lo que cree que son coincidencias y paralelismos entre la privatización de la empresa textil malagueña y la de Rumasa.

En el sumario que se instruye en Málaga, el juez Ramírez Barroso intenta esclarecer las presuntas irregularidades qe se cometieron en 1989 cuando la empresa textil fue vendida por la Dirección General de Patrimonio a un empresario sin solvencia, que presuntamente dedicó su gestión posterior al enriquecimiento.

Ramírez Barroso investiga una supuesta trama, en la que participarían altos cargos del Ministerio de Hacienda, que permitió efectuar esta operación, que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros basándose en informes por los que después se libraron comisiones del capital de Intelhorce.

El magistrao se ha comprometido ante Carlos García Montes a contestarle en el plazo más breve de tiempo posible a su petición, después de haber aceptado ya la personación como acusación particular de CCOO, UGT, y el abogado Antonio Urdiales.

Por otro lado, hoy estaba citado a declarar el ex ministro de Defensa de UCD Alberto Oliart, cuyo bufete de abogados cobró presuntamente 50 millones de pesetas por representar a Intelhorce en unas fracasadas negociaciones de venta de la fábrica a Hytasa. Sin embargo, el letrdo no ha acudido a la Audiencia a para declarar.

Oliart recibió el encargo del entonces dueño de la fábrica y en la actualidad principal inculpado, Giovanni Orefici, para que representara a la sociedad en esos contactos, que quedaron interrumpidos ante el rechazo de los trabajadores de Intelhorce a una venta a la textil sevillana.