Las negociaciones para la liquidación de la sociedad que gestionaba la fábrica, General Textil España (GTE), y la posterior venta de sus activos industriales han sido protagonizadas durante quince meses directamente por la Consejería de Industria.

La ausencia de un titular que pueda firmar el docmento junto a las empresas compradoras hará esperar ahora el deseado momento para los trabajadores al menos una semana más.

El retraso también aplazará el momento de conocer la identidad de los compradores de Intelhorce, de los que hasta el momento la Junta de Andalucía sólo ha desvelado que son siete empresas del sector textil que crearán una sociedad conjunta para explotar la fábrica malagueña.

A pesar del absoluto mutismo con el que se ha desarrollado toda la operación, ha trascendido que entr las empresas que podrían participar en la compra se incluye el grupo propietario de la cadena de tiendas de ropa Zara, si bien no con una participación principal en el capital.

Fuentes de CCOO en Málaga criticaron el retraso de la firma del protocolo de venta, por considerar que "atrasan la incorporación a sus puestos de más de 400 trabajadores para que un político pueda colgarse una medalla".

Tras la firma del protocolo de compra, las empresas deberán inscribir la nueva entidad en el Registro Mrcantil para poder iniciar la puesta en marcha de la fábrica, en la que darán trabajo a más de 400 trabajadores de la anterior Intelhorce.

La Dirección General del Patrimonio del Estado, que poseía el capital de GTE, ha procedido a liquidar la pasada semana a la plantilla 8.000 millones de pesetas en indemnizaciones para que la nueva sociedad pueda comenzar sin la carga que supone unos trabajadores con más de 30 años de antigüedad.

Tras la rescisión de contratos, parte de la plantilla ha pasado asituación de prejubilación, mientras que los restantes, unos 517, se incorporarán a la nueva textil como nuevos contratados.

Se espera que en los diez primeros días de octubre el juez que tutela la suspensión de pagos levante esta actuación para que los acreedores puedan dar salida a los activos de la empresa.