Entre los firmantes fiuran el consejero privado del Rey, Sabino Fernández Campos; el catedrático de Filosofía del Derecho Moral y Política, Elías Díaz; los escritores Miguel Delibes, Luis Carandell y Antonio Gala; el periodista Joaquín Estefanía; el ex defensor del Pueblo, Alvaro Gil Robles; el rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces Barba; los filósofos Jose Luis Aranguren y Fernando Savater; y el expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.

El proyecto será remitido próximamente a la ámara parlamentaria para su aprobación, por lo que los firmantes advierten que "el proyecto de ley, en su redacción actual, significa un peligro cierto para la propia existencia del asilo como derecho en España".

Igualmente, piden al Congreso que se apruebe la inclusión en la nueva ley de "un recurso ante el juez que paralice la expulsión del solicitante de asilo hasta tanto los tribunales, en breve plazo, puedan decidir", de acuerdo con el derecho a la tutela judicial que establece el artículo 24 de a Constitución.

A su juicio, "donde no hay garantía efectiva del ejercicio de un derecho no existe tal derecho, y donde no es posible recurrir ante un tribunal independiente del poder político para la defensa efectiva de un derecho no se puede hablar de Estado de Derecho".

"Según este proyecto", añade, "tras la decisión del Gobierno de devolver o expulsar a un solicitante de asilo, no podría la persona afectada, para impedir la expulsión, acudir a la tutela efectiva de los jueces y tribunales queson la máxima garantía de las libertades en un Estado de Derecho".

En este sentido, "el proyecto origina así una desprotección real respecto a posibles represalias en el país del que tuvo que salir el peticionario de asilo, para él o para su familia".

Los firmantes consideran también que "el proyecto no prevé que se dé asilo en España por razones humanitarias, ni tampoco a quienes han tenido que escapar de su país como consecuencia de guerras o catástrofes".