En la primera sentencia, Sánchez Millo fue condenado, por un delito contra el deber de prestación del servicio militar obligatorio, a cumplir un mes y un día de cárcel, con las accesorias de suspensión de cargo público y de derecho de sufragio por el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.

La sentencia consideraba que el acusado había actuado en la creencia errónea de que la objeción de conciencia que argumentaba era de legal justificción y que la postura del insumiso era motivada por su íntima convicción y no por motivos egoístas, arbitrarios o caprichosos.

El ministerio fiscal, que pedía 28 meses de cárcel, presentó un recurso en la Audiencia Provincial de Cádiz. La nueva sentencia de esta instancia considera que el insumiso desarrolló una conducta atípica, antijurídica, culpable y punible, por lo que le condena a la pena prevista para estos casos en grado mínimo.

El Movimiento de Objeción de Conciencia ha manifestado su deacuerdo por la estimación del magistrado y considera que "no hay juicios que puedan juzgar las conciencias ni cárcel que rehabilite el pensamiento. 32 insumisos presos, que conservan intacta su capacidad crítica al militarismo, lo demuestran".