Así se expresó durante su comparecencia en la Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico, que tuvo lugar hoy en el Congreso de los Diputados.

Muñoz negó que existan "diferencias morales o de fondo" entre las conductas tipificadas como delito o como infracción administrativa, ya que, a su parecer, "todas conculcan los mismos bienes jurídicos protegidos por la Constitución: la vida e integridad física y psíquica, y la integridad patrimonial".

En consecuencia, recalcó que "no hay diferencias para que una determinada conducta se someta al derecho penal o al administrativo". "Se trata, simplemente, de una cuestión de oportunidad, de política legislativa", añadió.

Durante su intervención, Muñoz, antiguo director general de Tráfico, insistió en que "siempre" se ha mostrado partidario de una mayor intervención del Derecho Penal "en la represión de las más graves conductas atentatorias de la seguridad vial".

A partir de ahí, el presidente del Instituto Mapfre mantuvo que "no es admisible invocar el principio de mínima intervención cuando se trata de un fenómeno que provoca 4.000 muertes al año en España".

ALCOHOL Y VELOCIDAD

En cuanto a las que denominó "las tres conductas objeto de debate actualmente", refiriéndose al existente acerca de la posibilidad de modificar el Código Penal para tipificar como delito el conducir con tasas elevadas de alcohol, a velocidad excesiva o sin permiso de conducción, aseguró que "se trata del primer paso para romper con la inercia administrativa existente a este respecto".

En el caso del alcohol, aludió a diferentes estudios epidemiológicos y toxicológicos que, según dijo, "demuestran que el exceso de alcohol está presente en 1 de cada 3 accidentes con daños corporales y en 1 de cada 2 con víctimas mortales".

Por ello, no considera "excesivo" el pedir que "un fenómeno que causa 2.000 muertos al año tenga un tratamiento sancionatorio proporcional a su gravedad".

Por lo que se refiere a los excesos de velocidad, puso de manifiesto que "nunca será un factor neutro desde la perspectiva de la seguridad, dado que amplifica cualquier circunstancia de riesgo, como la distracción, y agrava las consencuencias de cualquier accidente".

CONDUCIR SIN PERMISO

Finalmente, en relación con la conducción sin permiso, aludió a la consecuencias que se produjeron por su despenalización en 1985, momento hasta el que esta conducta era considerada delito.

Según dijo, "en los 5 años siguientes, la tasa acumulada de incremento de accidentes con víctimas fue del 74%, mientras que el número de accidentes provocados por personas carentes de permiso aumentó en un 1.100%".

"No creo que la modificación del Código Penal acabe con los accidentes de tráfico, pero está claro que es un elemento fundamental en el marco de una estrategia global para acabar con la siniestralidad", concluyó.

Por último, se mostró de acuerdo con la propuesta realizada por el portavoz socialista en materia de Tráfico, Victorino Mayoral, quien apuntó la conveniencia de diseñar un "pacto de Estado" sobre seguridad vial.