En un comunicado, este órgano de reflexión y debate sobre pensiones del Instituto Santalucía ha analizado el borrador sobre la segunda parte de la reforma de pensiones y destaca el aumento de cotizaciones sociales “sin contraprestación económica” en la pensión que se producirá con el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) de 0,6 puntos actuales a 1,2 puntos en 2029 y hasta 2050.

Esto “no contribuye en absoluto a la equidad intergeneracional, incrementando la carga fiscal sobre las cohortes más jóvenes en lugar de reducirla, y resulta claramente insuficiente para compensar los efectos financieros de la supresión del factor de sostenibilidad” derogado de la reforma de pensiones de 2013.

Además, el Foro de Expertos también analizó la inclusión de una nueva cuota de solidaridad que será un recargo sobre la parte del salario que no cotiza por superar el máximo de cotización y supondrá el 1% en 2025, aumentando progresivamente hasta llegar al 6% en 2045. Esta nueva “cotización de solidaridad”, según la define el Foro de Expertos, presenta “los mismos inconvenientes y limitaciones” que el MEI, es decir, “podría generar un efecto adverso sobre la competitividad de las empresas y desincentivar la contratación”.

Igualmente, la base máxima de cotización se actualizará con la inflación más un 1,2% adicional, también sin efectos sobre el cálculo de la pensión.

A modo de recomendación y en opinión del Foro de Expertos, las bases máximas de cotización y la pensión máxima “deberían crecer al mismo ritmo, con el fin de preservar la contributividad y la equidad del sistema”. De hecho, los expertos abogan por revisar la normativa existente para evitar que exista un diferencial (actualmente en torno al 20%) entre la base máxima de cotización y la pensión máxima, que convierta parte de la cotización de los trabajadores en un “impuesto”, en vez de una compensación diferida.

Los aumentos recaudatorios propuestos solo van a incrementar ese efecto “impuesto” con un impacto “muy reducido” en las cuentas de las pensiones (en torno al 0,15% del PIB), según el Foro de Expertos, que asegura que no va a mejorar por esa vía la sostenibilidad del sistema.

El director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez, afirmó que “las reformas del sistema de pensiones no están teniendo en cuenta el problema principal: tenemos un sistema excesivamente generoso, que genera una rentabilidad implícita sobre las cotizaciones realizadas muy por encima de lo que la economía española permitiría pagar”. Prosiguió resaltando que “con la actual esperanza de vida tras la jubilación, los niveles de productividad y ocupación de nuestro país, y la evolución de la población jubilada y en edad de trabajar, las pensiones públicas actuales son más elevadas de lo que permiten nuestros salarios y cotizaciones”.

De este modo, el Foro de Expertos concluye que las medidas propuestas por el Gobierno “renuncian a cualquier intento de control del crecimiento del gasto en pensiones”, que pueda acercar la tasa de sustitución (el cociente entre la primera pensión y el último salario) de España a la de los países del entorno europeo. Considera que las medidas propuestas son “muy distorsionantes” e insta a reducir de forma “gradual y anticipada” la actual tasa de sustitución hasta eliminar el déficit actuarial y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

El Foro de Expertos del Instituto Santalucía está integrado por José Ignacio Conde-Ruiz, Guillermo de la Dehesa, Rafael Doménech, Ángel de la Fuente, Mercedes Valcárcel, José Antonio Herce y Josefa Ros.