En declaraciones a Servimedia, Martínez Aedo subrayó que el Tribunal Constitucional estableció en una sentencia de 1985 que la Carta Magna protege el derecho a la vida del nasciturus y que, por tanto, el aborto es legítimo sólo cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre o del futuro niño.

Con una ley de plazos, continuó, se eliminarían los supuestos despenalizados ahora y se permitiría la interrupción del embarazo en un periodo de tiempo determinado, por lo que "no sería constitucionalmente aceptable".

En opinión del vicepresidente del IPF, "no parece muy conveniente que los jueces se metan en actuaciones claramente políticas", como es la petición de una legislación de plazos para el aborto.

Además, finalizó Martínez Aedo, promulgar una ley de plazos sería "ocultar el problema" que suponen los más de 100.000 abortos que se practican cada año en España "y no afrontarlo".