El informe de "Evaluación de la Familia en España 2007" mantiene que la "crisis" familiar que sufre España en la actualidad es consecuencia, fundamentalmente, del déficit de natalidad que padece el país.

El índice de nacimientos, señala el estudio, se sitúa en 1,37 hijos por mujer, mientras que la media europea está en 1,56, en ambos casos por debajo de los 2,1 necesarios para alcanzar el nivel de reemplazo generacional.

El IPF vincula esta baja natalidad con el hecho de que el aborto se haya convertido "en la principal causa de mortalidad en España".

En este sentido, apunta que el número de abortos realizados en 2006 (101.592) es "equivalente al déficit de natalidad que tiene España" o a la población de "ciudades como Orense o Lugo". Su conclusión es que "se han perdido más de 1.121.592 personas desde la legalización del aborto".

También indican desde el IPF que "el leve repunte de la natalidad en los últimos años" se debe "casi exclusivamente a la aportación de la natalidad de las madres extranjeras" (1 de cada 6). Igualmente, reprochan a la Administración que las ayudas sociales existentes no son suficientes para compensar los 5.456 euros anuales que cuesta cada hijo a las familias.

RUPTURAS MATRIMONIALES

El IPF también hizo hincapié en el elevado número de rupturas matrimoniales, que se ha convertido en el "principal problema de las familias".

En este sentido, asegura que "tan solo en los nueve primeros meses del 2007 se han alcanzado casi los 100.000 divorcios", lo que supone duplicar las cifras de todo 2004. Estos datos, considera el IPF, "constatan los efectos regresivos de la ley del 'divorcio exprés'".

El IPF sostiene que "se está produciendo un desplome" en el número de parejas que deciden casarse, que además esperan cada vez más para hacerlo (hasta los 31,5 años los hombres y 29,37 las mujeres). Esto, unido a los altos índices de rupturas de matrimonios, ha llevado a que un 25 por ciento de los niños hayan nacido fuera del matrimonio.

Para invertir estas estadísticas, el Instituto de Política Familiar insta al Gobierno a incorporar la "perspectiva de familia" en el desarrollo de sus políticas públicas.

También emplaza a la Administración a tomar una serie de medidas concretas, como crear un Ministerio de la Familia y aprobar una ley de protección de las unidades familiares. A su juicio, es necesario, para poner en práctica esta política, un pacto de Estado entre partidos políticos, agentes sociales e instituciones familiares.