Esta afirmación la realizó Marina Subirats en la inauguración de las Jornadas Jurídicas "El principio de igualdad entre hombres y mujeres en la Comunidad Europea (CE) en materia social", organizadas por el Instituto de la Mujer y que se celebrán hoy y mañana en Madrid.

Además, la directora general del Instituto de la Mujer firmó que la legislación española en materia laboral y social, que respeta el principio de igualdad entre hombres y mujeres, es muy progresista, aunque en la práctica la intepretación de esas normas deje aún mucho que desear, "produciéndose sentencias muy discriminatorias para la mujer".

"Para solucionar ese error", explicó Marina Subirats, "los jueces deben interpretar las leyes teniendo en cuenta esos principios de igualdad entre hombres y mujeres".

Estas jornadas, dirigidas a los profesionalesdel Derecho, pretenden dar a conocer la normativa comunitaria y las medidas legales dirigidas hacia el logro de la igualdad entre hombres y mujeres.

"El Instituto de la Mujer", señaló la responsable de la organización de estas jornadas, Rosario Padillo, "ha estimado necesario dar a conocer los logros legales impulsados y promovidos por la Comunidad Europea a fin de transmitir el interés institucional a favor de las mujeres y de contribuir a un mejor conocimiento por parte de las mismas de sus derechos como primer paso para conseguir que la igualdad sea una realidad".

En opinión de Rosario Padillo, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres es ya un hecho en muchos países, entre los que se encuentra España, aunque todavía queda un largo camino por recorrer para que esta igualdad formal sea un hecho.

"Los antecedentes de esta normativa", matizó la experta en legislación sobre mujer, "se encuentran en el Tratado de Roma, por el que se creó la Comunidad Económica Europea, que aborda explícitamete en su artículo 119 el problema de la igualdad de trato entre hombres y mujeres, desde la perspectiva de la igualdad de remuneración en el trabajo".

A su juicio, las normas posteriores son expresión del interés de los órganos responsables de las comunidades por mejorar las condiciones de vida de las mujeres, y en particular conseguir una igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, formación y promoción profesional y condiciones de trabajo.