Según Garde, el IEF recomienda al Ejecutivo la creación de forma obligatoria de unas cuentas bancaras especiales para todas las actividades profesionales y empresariales, en las cuales se canalizarían, a manera de contabilidad auxiliar, todos los movimientos bancarios originados por éstos.

El director del IEF indicó también que el trabajo establece una serie de medidas tendentes a mejorar la inspección y el control sobre los defraudadores a la Hacienda Pública con el fin de rebajar la actual cifra del 5,5 por ciento hasta el 3 por ciento del PIB, lo que situaría a España en sintonía con otras socieades avanzadas.

Juan Antonio Garde explicó que tan sólo el 0,9 por ciento corresponde al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), mientras que "el peso importante" del dinero defraudado se reparte entre el rendimiento de actividades profesionales y empresariales por personas físicas, el impuesto de sociedades, operaciones de fiscalidad internacional y rentas de capital.

Garde afirmó que desde la reforma de 1977 se ha producido en España un "espectacular" cumplimiento fiscal, para asegurar que una dsminución del fraude posibilitaría una "notable" mejora del déficit público.

Sobre la incidencia de los últimos casos de corrupción en el comportamiento de los ciudadanos en el momento de presentar su declaración de la renta, Garde consideró que el efecto ha sido inverso al previsible, ya que la gente ha considerado ejemplar las actuaciones contra estos personajes públicos.