Lasheras hizo estas manifestaciones al presentar el último número de la revista "Cuadernos de Actualidad", que incluye un análisis de la actividad económica de las comunidades autónomas y del incremento de sus déficits presupuestarios.

La participación del Tribunal de Cuentas en el control de la actuación de las comunidades está prevista en el articulo 153 de la Constitución, que le faculta para realizar dicho control en el ámbito "económico y presupuestari".

Lasheras precisó, sin embargo, que la Administración central no puede establecer una tutela demasiado estricta sobre las cuentas de las regiones y nacionalidades, porque no lo permite ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

A su juicio, es necesario que los electores vigilen la gestión de los responsables autonómicos y otorguen su voto a aquellos que no comprometan la estabilidad financiera de los gobiernos regionales.

El estudio realizao para el IEF pone de manifiesto que el déficit de las comunidades ascendió a 184.300 millones de pesetas en 1989, lo que supuso un 0,41 por ciento del PIB. En 1982, ese déficit representaba el 3,22 por ciento del total de las administraciones públicas, mientras que en el 89 se situó en el 15,1 por cien.

La autora de este informe, Rosario Martínez Manzanedo, una experta de la Intervención General del Estado, pronosticó que el gasto de las comunidades autónomas seguirá creciendo en los próximos años poque el proceso de transferencias todavía no está concluido.

Destacó asimismo que, las fuertes cantidades dedicadas por las comunidades a la inversión, a la que en 1989 destinaron 635.500 millones de pesetas, el doble que en 1985, cuando esa partida se elevó a 313.400 millones.

Por otra parte, Lasheras manifestó que las retenciones del impuesto de la renta tendrán que ser rebajadas para adaptarlas a las tarifas de la nueva Ley del IRPF. Esta ley entrará en vigor para la declaración de la renta ganda en 1992.