En el Informe de las Comunidades Autónomas 2005, encargado por las 15 comunidades autónomas (solo faltan las ciudades con Estatuto de Autonomía, Ceuta y Melilla), al que tuvo acceso Servimedia, el instituto público propone también que se permita a las CCAA presentar resoluciones tras el citado debate, ya que hasta ahora los únicos que tienen la potestad de presentar propuestas son los grupos parlamentarios del Senado.

A juicio de este organismo, ambas propuestas mejorarían la calidad del debate y reforzarían la cooperación entre los gobiernos autónomos y la Cámara territorial.

En dicho informe, elaborado por catedráticos y profesores de Derecho Constitucional, Administrativo, Hacienda Pública y Ciencia Política, los expertos consideran que el Debate sobre el Estado de las Autonomías "adolece de algunas debilidades que, indudablemente, restan vigor a ese gran potencial de utilidad".

Califican el debate como "una larga sucesión de monólogos iniciada por el presidente del Gobierno y continuada por todos y cada uno de los presidentes autonómicos, solo salpicada por breves 'fogonazos' de verdadero contraste de pareceres".

Por ello, los estudiosos proponen agilizar el debate, reduciendo de 40 a 30 minutos "reales" (el tiempo en la práctica suele llegar a 1 hora), la duración del discurso del presidente del Gobierno y a 20 minutos "reales" (el tiempo en la práctica suele llegar a 45 minutos) cada una de las intervenciones de los presidentes regionales y de ciudades autónomas.

Sin embargo, proponen que la Mesa que regula el debate tenga más flexibilidad y permita más tiempo en las réplicas y contrarréplicas que, a su juicio, son las intervenciones (no escritas, en su mayoría) que "verdaderamente crean afición por el parlamentarismo" porque "sacan lo mejor de los oradores".

En lo que se refiere al refuerzo de la cooperación entre CCAA y Cámara Alta, los expertos proponen que, no sólo sean los grupos parlamentarios del Senado los que pudieran presentar mociones en el Pleno subsiguiente al Debate del Estado de las Autonomías, sino que tal posibilidad quedase también abierta a los Ejecutivos autonómicos, propuesta que finalmente serían votadas en el Pleno de la Cámara territorial.

Con ello, señala el informe, "estaríamos ante un paso de gran interés, que abriría a los gobiernos autonómicos cauces de verdadera y concreta cooperación hasta ahora cerrados, en un Estado como el nuestro que, como la mejor doctrina recalca, precisa y principalmente se ve aquejado por déficits bien notables de cooperación".