Según informó hoy el Santander a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Instituto de Arbitraje ha envíado a la entidad financiera un laudo arbitral de medidas "cautelares" resultante de la demanda arbitral presentada el pasado 20 de octubre por Total, y que implican la imposición de los pactos parasociales que mantenían las dos sociedades respecto de las acciones de Cepsa y su titularidad.

Además, se prohib la venta de las participaciones directas o indirectas de la petrolera española que el Grupo Santander tiene en la sociedad Somaen Dos, así como la venta de las acciones adquiridas por el Santander en la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) lanzada sobre el 16% del capital de Cepsa y cuyo plazo de aceptación concluyó ayer.

RECHAZO DEL SCH

El Grupo presidido por Botín consideró que el Instituto de Arbitraje de La Haya "ha prescindido de la Ley 26/2003 e impuesto la concertación entre BancoSantander y Total" y aseguró que el mencionado laudo, "al ser cautelar y provisional, no prejuzga ni entra en el fondo de las cuestiones planteadas, que habrán de ser resueltas en el arbitraje definitivo".

El Santander reiteró que los pactos parasociales que le vinculaban con Total en relación con Cepsa "devinieron ineficaces por efecto directo de la Ley de Transparencia y, consecuentemente, que su actuación no ha supuesto incumplimiento de ningún acuerdo".

Finalmente, la entidad financiera españla afirmó que las medidas cautelares adoptadas "suponen un grave perjuicio para los accionistas de Cepsa, en particular para los minoritarios", así como para el propio banco, ya que "suponen el cierre del mercado de control de Cepsa imposibilitando OPAs de terceros" e imponen que el Grupo Santander y Total "actúen concertadamente como si la citada Ley no hubiera entrado en vigor".