Así se desprende del análisis publicado este jueves por el Instituto de Analistas que refleja el impacto agregado como porcentaje de la valoración de los recursos propios dedicados al negocio doméstico por el BBVA, CaixaBank y el Banco Santander.

Este efecto negativo en la valoración se derivaría principalmente de la mayor carga fiscal que el impuesto impone sobre el sector bancario, llevándolo en la práctica a un tipo efectivo del 35%, frente al 25% general aplicado a otras actividades económicas.

El informe destaca que ya desde 2012 los bancos en España han venido soportando un tipo impositivo del 30% en el impuesto de Sociedades frente al 25% de la mayor parte de actividades económicas sin que en ningún momento se tuviese en consideración que entre 2009 y 2022 el entorno de tipos de interés fue muy desfavorable para el negocio de la banca. Con ello, resalta que hay una desventaja fiscal previa que se amplía con el nuevo impuesto.

Los analistas también apuntan que los supuestos beneficios extraordinarios a los que se refiere la ley que fijó el impuesto “no se corresponden con un análisis riguroso de la rentabilidad, del ciclo y del desempeño de los bancos españoles desde la gran crisis financiera”.

Apunta que el capital es imprescindible para el crecimiento y la innovación y los bancos españoles representan “solo una de tantas oportunidades de inversión en una economía global en la que una gran parte del capital circula libremente”. También señala que el crecimiento orgánico del capital y el del crédito se retroalimentan y la parte del beneficio que se reinvierte contribuye al crecimiento del crédito y viceversa.

En este sentido, los analistas concluyen que el perjuicio del impuesto podría ir “más allá del accionista” afectando de forma particular al crédito a las familias y las empresas más vulnerables porque el impuesto reduce el crecimiento orgánico del capital y por lo tanto del crédito y porque no reconoce el coste del riesgo.

Igualmente, como “daño colateral”, el gravamen agregado del sector para 2024 se estima en 1.300 millones de euros y el impacto negativo en la concesión de crédito podría estar en torno a los 9.000 millones de euros. Si bien en términos relativos, frente a la expansión del crédito, el impacto podría parecer menor, “cualquier fórmula fiscal que desincentive el riesgo podría dejar fuera de juego a los segmentos más vulnerables”, según los analistas. Particulares, pymes y grandes empresas conforman perfiles de riesgo muy diferentes y un impuesto que “no reconoce la diferencia de riesgos en estos negocios no es neutral”.

Los analistas destacan que la situación fiscal de España al igual que la de otras grandes economías de la UE es “frágil”, por lo que abogan por “mantener la ortodoxia fiscal y evitar las medidas que expulsen al capital”. “Una fiscalidad mal planteada puede tener consecuencias difíciles de valorar en amplitud y profundidad”, advierten.

Avisan de que la regulación no debiera “penalizar el tamaño o la buena evolución de los beneficios” y si lo hiciera, debería tener en cuenta la rentabilidad sostenida. “La realidad es que los beneficios de una empresa pueden parecer abultados o experimentar una buena evolución y sin embargo ofrecer una rentabilidad poco atractiva”, explican. A esto añaden que el negocio de la banca es cíclico y los riesgos que lo acompañan son “muy considerables”.

Los analistas reclaman que se incorporen las recomendaciones del Banco de España, del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la conveniencia de que el gravamen tenga en cuenta el impacto del ciclo económico y el coste del riesgo.