Por otra parte, FEAPS ha ofrecido su colaboración al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para gestionar los servicios que dependen de ANDE, con el fin de asegurar la atención y el bienestar de las personas con retraso mental que acuden a los mismos.

FEAPS hace este ofrecimiento ante la posibilidad de que las investigaciones sobre los responsables de ANDE pudieran provocar algún vacío en su gestión. FEAPS atiende a más de 70000 personas con retraso mental de toda España, por lo que ve posible ocuparse de las 500 pesonas que en la actualidad dependen de los servicios de ANDE.

En el escrito presentado ante el fiscal general del Estado, FEAPS justifica su denuncia "ante la existencia de determinadas noticias de prensa aparecidas en el diario 'El Mundo' los días 22, 23 y 24 de enero de 2001, relativas a las actuaciones, actividades y procedimientos operativos llevados a cabo por el presidente de ANDE y demás personas vinculaas a la citada asociación y la Asociación Española de Ayuda al Minusválido".

FEAPS recuerda que ambas asociaciones están financiadas por subvenciones públicas, "con posible vulneración que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a favor de los derechos de las personas discapacitadas", por lo que insta a que el Ministerio Fiscal, "si así lo estimase, ordene la práctica de las diligencias oportunas para comprobación de los hechos".

Todos los hechos recogidos en la denuncia ante la Fiscalía General dl Estado ponen de manifestó, según FEAPS, "la existencia de una auténtica trama empresarial en torno a una asociación receptora de importantísimas subvenciones públicas que afecta a la solvencia y ética de movimientos asociativos de las personas discapacidtadas psíquicas, cuyos intereses sociales y el principio de protección de las mismas, consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, pude verse seriamente afectado".

"Tales hechos", continúa la denuncia de FEAPS, "han originado una clara situación de aarma social, por la posible existencia de irregularidades en la aplicación de subvenciones públicas, y que los derechos de los discapacitados psíquicos se hayan visto seriamente afectados y que hayan sido motivo de enriquecimientos injustificados e irregulares".