El colectivo considera que este punto es contrario a la Constitución –así como a la doctrina del Tribunal Constitucional–, que exige que la gestión en el reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de Seguridad Social quede sometida a criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional, adoptados bajo los principios de sostenibilidad y solidaridad financiera.

“Lo contrario, que las Comunidades Autónomas puedan disponer de la facultad de reconocer las pensiones y resto de prestaciones (jubilaciones, Incapacidades, subsidios, etc.) sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional”, prosiguió el sindicatos, “abocaría, irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del Sistema de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional y del principio de unidad de caja del sistema de la Seguridad Social”.

Y lo mismo ocurriría con otras gestiones como los actos de encuadramiento, afiliación, altas y bajas y su control o el sistema de liquidación de las cuotas, “pues su cesión no es sino la vía de apertura a la disposición de un régimen propio de tutela para cada territorio y su respectivo sustrato empresarial”.

En este contexto, los inspectores de Trabajo subrayaron que es “fundamental” para su trabajo que la gestión de la Seguridad Social siga dentro de las competencias del Estado, “para garantizar así los principios de calidad y eficiencia de la prestación del servicio a los ciudadanos”, así como la unidad de función y actuación inspectora y la concepción única e integral del Sistema.

“Para garantizar, en definitiva, la construcción y mantenimiento del Estado de Bienestar, que tanto nos ha costado edificar entre todos y cuyo sostenimiento y protección, siempre han guiado y guían la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, añadieron.

En este sentido, avisaron que “la igualdad de todos los españoles y la propia ‘caja única’” pueden verse afectadas como consecuencia del proceso de transferencia que se pretende iniciar “y más cuando la vía planteada es realizarlo a través de una comisión bilateral con el País Vasco y no con el resto de grupos políticos que conforman la Comisión del Pacto de Toledo”.