Así lo expuso el miembro de Aedaf Juan Ignacio Gomar en la presentación de ‘El Libro Blanco para la reforma de la tributación local’, que recoge propuestas para terminar con la inseguridad jurídica en torno a la tasa de basuras o la plusvalía municipal.

Explicó que Aedaf plantea que el legislador “se ponga las pilas” y “diga a los ayuntamientos cómo tienen que establecer esa tasa”, con lo que pidió un “marco legal al que todos nos podamos agarrar”.

En ese sentido, alertó de los “problemas que va a ocasionar” la tasa de residuos, que entra en vigor el 10 de abril de 2025, aunque algunos consistorios se estén adelantando a ficha fecha. Criticó que cada ayuntamiento “puede establecer una tasa de residuos porque nadie le da criterios”, con lo que propuso, por ejemplo, “adoptar una moratoria, aunque solo fuese de un año, para delimitar criterios legales”, entre otras medidas.

Así, exigió abordar los “criterios posibles” para aplicar la tasa de basuras y advirtió de la “inseguridad jurídica tremenda” que creará en los próximos dos o tres años las lagunas legislativas en esta materia.

En sus 100 medidas dirigidas a intentar resolver los principales problemas de inseguridad jurídica que tiene la tributación local, los inspectores de la Hacienda local indican que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía municipal, fue “particularmente famoso por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de mayo de 2017, la cual admitió la posibilidad de que los ciudadanos pudieran acreditar situaciones de minusvalía, advirtiendo expresamente la necesidad de que se diera una correcta regulación a este impuesto”. “Algo que no solo no sucedió, sino que se agravó con la declaración de inconstitucionalidad de este tributo en octubre de 2021 tras una sentencia del propio TC”.

Gomar aseguró que este impuesto “ha dado y sigue danto quebraderos de cabeza”, por lo que el ‘Libro blanco’ presentado plantea cómo determinar el período impositivo en algunos supuestos, al tiempo que aclara determinadas exenciones y obligaciones formales, junto con algunos supuestos de no sujeción, y detalla legalmente el momento del devengo en las transmisiones ‘mortis causa’.

SISTEMA “MÁS JUSTO Y EQUILIBRADO”

Gomar concretó que las medidas propuestas por el ‘Libro Blanco para la reforma de la tributación local’ “no plantea un incremento de la carga fiscal de ningún impuesto”, sino que busca un sistema “más justo y equilibrado”. Esto “no significa que se incremente necesariamente la carga fiscal”, insistió. En el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, también conocido como el impuesto de circulación, los inspectores de la Hacienda Local abogan por una reforma “radical”.

Proponen una modificación del tributo dirigida a que, por una parte, se tribute con arreglo a la capacidad económica que demuestra la titularidad de un vehículo, circunstancia ahora inexistente, y por otra, se introduzca el componente medioambiental que haga efectivo el principio comunitario de “quien contamina paga”. Además, defiende la exención de los vehículos destinados a extinción de incendios y protección civil.

En cuanto al Impuesto de Actividades Económica (IAE), el documento insiste en la necesidad de actualizar su normativa, ya que las tarifas del impuesto “son de 1991 y todavía no han sido actualizadas”. Además, proponen la delimitación de los sujetos pasivos, el prorrateo de las cuotas en casos de cambio de titularidad y las obligaciones formales de los contribuyentes, mediante algunos cambios en las instrucciones de las tarifas.