En un comunicado, esta organización considera que la medida "más efectiva" para acabar con esta situación es reformar el artículo 56 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, el cual prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales y a los pagos entre Estados miembros y entre éstos y terceros países.

A juicio de los inspectores, una medida "coherente" que debería llevar a cabo el Gobierno español es proponer a la UE esta modificación para que los ciudadanos y empresas europeos no puedan utilizar territorios como Liechtenstein, Gibraltar o Andorra, para la evasión de impuestos.

"Resultaría muy fácil aislar y ahogar financieramente y, por tanto, eliminar la posibilidad de utilizar a determinados territorios como paraísos fiscales",

Los inspectores puntualizaron que existe "una enorme hipocresía" en relación con la existencia y utilización de los paraísos fiscales. "Todos los países implicados manifiestan su interés por llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, incluida España, pero lo cierto es que previamente no se han adoptado las medidas necesarias para evitarlo", explica la organización de inspectores.

Como medidas alternativas la IHE propone modificar la regulación del delito fiscal en el Código Penal español para agravar las penas cuando el fraude fiscal se cometa mediante la utilización de paraísos fiscales.

Asimismo, plantean la puesta en marcha de un plan de comprobación de empresarios, profesionales, artistas y deportistas con residencia en paraísos fiscales.