En declaraciones a Servimedia, Peláez se opuso a que las agencias tributarias autonómicas supongan un fraccionamiento de la Agencia Estatal Tributaria, de manera que se puedan crear 17 agencias tributarias que gestionen todos los impuestos, los cedidos y los compartidos; con lo que la Agencia Estatal sólo quedaría para gestionar, comprobar y liquidar el Impuesto sobre Sociedades.

Para Peláez, la creación de agencias tributarias propias en cada comunidad autónoma conllevaría muchos inconvenientes técnicos que "serían muy perjudiciales para la lucha contra el fraude", como la existencia de 17 bases de datos que impedirían tratar la información de forma conjunta, "imprescindible para la lucha contra el fraude", y de 17 planes de control con la imposibilidad de hacer una coordinación efectiva de todos ellos.

Además, según el portavoz de los inspectores de Hacienda, habría problemas importantes de deslocalización de entidades para poder impedir su comprobación inspectora; e "iríamos en sentido contrario a lo que está pasando en el ámbito europeo, donde se está tratando de unificar las bases de datos e incluso de hacer acciones conjuntas en fraudes sofisticados".

A su juicio, la propuesta del Ejecutivo catalán es "una auténtica barbaridad que quizá esté efectuada desde el desconocimiento de los perjuicios que podría ocasionar", por lo que ofreció a quienes la defienden la disposición de los inspectores de Hacienda a abordar un debate para demostrarles que es un modelo ineficaz en la lucha contra el fraude.

La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado propone una única Agencia Tributaria Estatal en la que tengan participación efectiva las comunidades autónomas, en concreto en los órganos de dirección y en los planes de comprobación.

También defienden que esta agencia tenga un estatuto y un director nombrado por el Parlamento por un período de tiempo determinado, "para que exista una auténtica independencia y profesionalización en las actuaciones de la agencia".