Actualmente, unos 120 inspectores (el 20% de los efectivos total del cuerpo) está dedicado a peritajes judiciales (investigaciones de casos que están a los tribunales). A esto hay que sumar que tienen que cumplir con sus obligaciones ordinarias de inspección tributaria, lo que provoca "una sobrecarga de trabajo terrorífica", según estas fuentes.

Los inspectores, que reconocen que tienen la obligación de ayudar a la justicia, pretenden acotar de alguna forma su cntribución a la resolución de las investigaciones judiciales.

Recordaron que hay otros colectivos que también son susceptibles de ayudar a la justicia en los peritajes, como los economistas y los ingenieros industriales, por lo que se podría recurrir además a los colegios profesionales y a otros cuerpos de la Administración.

Además, a esto hay que sumar que los inspectores fiscales son los únicos peritos que no cobran nada por sus tarea de ayuda, "ni pueden cobrar", según estas fuentes. Pusieron e manifiesto que incluso existe el caso de un juez que tiene a su disposición a veinte inspectores fiscales para los peritajes.

Representantes de este colectivo se reunieron el pasado jueves, día 13, con la directora general de la Inspección Tributaria, Pilar Valiente, para hablar sobre este problema. Según estas fuentes, la directora se mostró de acuerdo con los inspectores, aunque institucionalmente no puede tomar ninguna iniciativa por la obligación de colaborar con la justicia.