Según informó hoy el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las sanciones impuestas a los empresarios ue realizaron esas contrataciones ilegales ascendieron a más de 1.116 millones de pesetas, un 123% superior a las multas del año 2000, cuando se recaudaron casi 500 millones de pesetas.

La actuación más importante de lo que llevamos de año la efectuó la Inspección Provincial de Valencia, al detectar la presencia de 124 trabajadores sin permiso de trabajo dedicados a la recolección de naranjas en una misma cooperativa agrícola, lo que ha supuesto la extensión de un acta de infracción superior a 72 millnes de pesetas.

A estos 124 trabajadores se les deducía de su salario el importe correspondiente al desgaste de las herramientas que utilizaban, el coste de las furgonetas que transportaban la fruta recogida hasta los almacenes de la cooperativa, y que también servían para trasladar a los propios inmigrantes.

Las furgonetas habían sido aportadas por una ONG, que efectuaba directamente este descuento en las cartillas bancarias, previamente abiertas a los trabajadores en la Caja Rural de Valencia. on todos estos descuentos, la nómina de los trabajadores se situaba significativamente por debajo del salario mínimo interprofesional.