El menor murió en septiembre de 1991 a causa de una neoplasia hepática que le sobrevino tras contraer el virus del sida a través del plasma suministrado en una de las operaciones efectuadas en el hospital de la Seguridad Social.

Según la sentencia, "el contagio se produjo en un caso fortuito que excluye la culpa por intencionalidad, pero no la responsabilidad objetiva". El TSJC había solicitado informes a peritos que concluyeon que la única vía posible de contagio fueron las transfusiones de la sangre en dichas operaciones.

El Insalud negó desde un primer momento cualquier tipo de responsabilidad en la muerte del niño y se negó a pagar la indemnización solicitada por la madre, que ascendía a 50 millones de pesetas.

Según la sentencia, si bien hasta 1985 no era obligatorio aplicar las pruebas del sida a la sangre que se utilizaba en las transfusiones, al ser una operación programada "existía alguna posibilidad de obvir riesgos de infección al extraer sangre del propio paciente".