El Consejo de Administración de Inmobiliaria Alcázar decidió el pasado 29 de mayo cesar al presidente de la entidad, Juan Piguillem, y al director general, Juan Llorens, al sospechar que se habían cometido irregularidades contables. En estos momento, se está realizando una auditoría de las cuentas para confirmar ese extremo.

Si la auditoría confirma que hubo irregularidades, Inmobiliaria Alcázar presentará una querella contra los dos ex altos cargos. Antonio Ruíz advirtió hoy que un alto ejecutivo de la empresa "debe reflejar la realidad de las cuentas", si bien matizó que "no podemos negar a Piguillem y Llorens la presunción de inocencia".

Diversos medios de comunicación relacionaron la caída de Piguillem y Llorens con aventuras financiera que fracasaron. Los dos ex altos cargos pudieron apadrinar la entrada de Inmobiliaria Alcázar en empresas como Bon Sosec, que acabaron quebrando y provocando importantes pérdidas a la entidad.