Alvarez de Miranda ha solicitado esta colaboración, tras analizar la documentación que le fue remitida por el Ministerio de Interior y con objeto de poder determinar si fueron respetadas las garantías previstas en el Título I de la Constitución que tienen todas las personas expulsadas y devueltas de Melilla.

Un portavoz e la Oficina del Defensor del Pueblo aclaró a Servimedia que no se ha pedido la intervención del Fiscal por que existan indicios de delito, de falta o de algo que tenga que ver con el Código Penal, sino únicamente para que les remita información sobre actuaciones judiciales, que necesitan para completar la investigación.

Según señalaron las mismas fuentes, Interior ha aportado hasta ahora toda la documentación que pidió el Defensor del Pueblo que se componía de: copia de las resoluciones y una lista cn las personas expulsadas, a donde fueron, a qué hora salieron, y que juzgado o juzgados habían intervenido.

Sin embargo, con esos datos se ha llegado a la conclusión de que no se tiene la suficiente información y elementos de juicio para esclarecer los hechos, por lo que han decidido ampliar la investigación hasta donde sea posible.

Por ello, la Oficina del Defensor ha solicitado información también al Secretario de Estado de Seguridad sobre los 103 expedientes tramitados, bien por fotocopia o ben personándose los asesores de la Institución en el lugar que se determine.

Con estas peticiones, ya se ha solicitado tanto al Fiscal como a Interior el máximo que se puede pedir en documentación, explicó el portavoz del citado organismo.