En un comunicado hecho público hoy por la asociación de magistrados, la investigación sobre este asunto abierta por el Defensor del Pueblo y la celeridad inusitada con la que Interior expulsó a los inmigrantes, hace sospechar que "no se ha respetado el procedimiento y, con ello, pudieran haberse vulnerado los derechos fundamentales de esos inmgrantes".

Jueces para la Democracia ha manifestado su honda preocupación, tanto por las posibles irregularidades cometidas por la Administración, como por el mensaje que subyace en la medida que, a su entender, se "coadyuva a la infiltración social y a la aceptación de actitudes xenófobas".

A juicio de los representantes judiciales, el Ministerio de Interior debe, de manera urgente, dar una explicación a la opinión pública de cómo ha procedido a la práctica de esa masiva expulsión.

Según la sociación, si han existido irregularidades deben ser conocidas y, en su caso, depuradas las responsabilidades, porque se trata de un organismo que debe ser escrupulósamente respetuoso con los derechos fundamentales y las libertades públicas.