Las principales conclusiones del estudio fueron presentadas hoy por los consejeros de Economía e Innovación Tecnológica y de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Fernando Merry del Val y Lucía Figar, respectivamente, acompañados por el catedrático José Vicens, director del equipo que ha elaborado el estudio.

Merry del Val centró su intervención en el buen momento económico que vive Madrid -"la comunidad de España que más ha crecido en 2005", dijo- y afirmó que buena parte de este crecimiento está motivado por el "efecto imán que ejerce Madrid para atraer a grandes empresarios, tanto españoles como extranjeros", una atracción que también ejerce para acoger inmigrantes.

Por su parte, Lucía Figar expuso las conclusiones del estudio, que se centra en el impacto macroeconómico de la inmigración en Madrid. Explicó que el estudio se podría dividir en tres grandes aspectos: el impacto en el mercado laboral, el impacto en ingresos públicos y la incidencia en el ahorro y remesas.

En lo relativo a la incidencia de la inmigración en el mercado laboral, la consejera dijo que existen 950.000 inmigrantes empadronados en Madrid, "de los que uno de cada tres no tienen contrato laboral". Esta alta irregularidad laboral "es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en el futuro", aseguró Figar.

"DISCRIMINACIÓN SALARIAL"

A pesar de este dato negativo, el 36% de las nuevas altas en la Seguridad Social en 2005 fueron protagonizadas por inmigrantes, que siguen sufriendo, en palabras de la consejera, "cierta discriminación salarial".

El estudio establece una horquilla salarial que va desde un 30% menos de salario medio para un trabajador inmigrante contratado regularmente, hasta el 50% menos que puede percibir un trabajador irregular.

Respecto a los ingresos públicos, Figar destacó "la solidaridad de los inmigrantes, pero también de la Comunidad de Madrid, en este aspecto", y explicó que "el trabajo de los inmigrantes genera unos ingresos fiscales de más de 1.100 millones de euros", de los que 145 millones irían a parar a las arcas regionales, que, a su vez, realiza una inversión en servicios sociales destinados a inmigrantes de 1.300 millones de euros.

Estas cifran permiten a Figar afirmar que "por cada euro invertido, el trabajo y esfuerzo de los inmigrantes nos devuelven 12 euros", un dato que la consejera utilizó "para desterrar la imagen de que los inmigrantes sólo generan gasto social".

En tercer lugar, y en lo relativo al ahorro, Figar destacó la diferencia existente entre el modelo de consumo y ahorro de inmigrantes y españoles, ya que mientras los españoles destinan el 90% de sus ingresos a gasto y el 10% restante al ahorro, en el caso de los inmigrantes el porcentaje de ahorro se dispara hasta el 30-35%.

Un ahorro que mayoritariamente sale de España en forma de remesas, con cifras que se sitúan en torno a los 1.600 millones de euros, de los que 917 salen oficialmente a través de los cauces controlados por el Banco de España.

Por último, el catedrático José Vicens destacó que se trata de un estudio "innovador y ambicioso", ya que "se partía prácticamente desde cero en el estudio de la inmigración con cifras reales", debido a que "la inmigración es todavía un fenómeno reciente".

El profesor Vicens destacó que el estudio demuestra que los inmigrantes "no presionan los salarios a la baja", ya que el empleo inmigrante "no es competitivo, sino complementario y en sectores que no quieren hacer los españoles", y destacó que "el perfil del inmigrante es una persona joven, en edad de trabajar y con ganas de trabajar".