Los responsables de Derechos Humanos aprecian, según mantienen en su denuncia, indicios de criminalidad en la actuación de los responsables del Ministerio de Interior y piden al juzgado la adopción de medidas para restaurar la legalidad infringida.

La denuncia se ha formulado por violación del Reglamento de la Ley de Extranjería y la presunta comisión de los delitos de malversacin de caudales públicos, prevaricación y detención ilegal.

El presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Melilla, José Alonso, señaló a Servimedia que su asociación está estudiando la posibilidad de ampliar la denuncia por los presuntos delitos de malos tratos, con agravante de racismo y xenofobia, que a su juicio se produjeron durante la detención.

Asimismo, el representante de Derechos Humanos considera que los hechos ocurridos con los inmigrantes expulsados son muy graves y añadió "quedefender a estos hombres es defendernos a nosotros mismos, pues con autoridades que violan la Constitución y los derechos humanos no nos encontramos seguros los españoles y, mucho menos, los extranjeros".