El Defensor del Pueblo, Fernando Alvarez de Miranda, se compromtió a pedir información al Gobierno sobre estas detenciones, que se han producido desde mediados de 1997, fundamentalmente en la provincia de Cádiz.

Rafael Lara, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos, declaró tras la reunión con Alvarez de Miranda que si bien todas las causas penales contra las personas que auxiliaron a inmigrantes indocumentados han sido sobreseídas, algunos han sido sancionados con multas de hasta 250.000 pesetas.

Las detenciones de estas personas se justificaron por prte de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz en los artículos 313 del Código Penal y 98 del Reglamento de Extranjería, que castigan cualquier medio de favorecer la inmigración clandestina.

Según las ONGs, todas estas personas actuaron por motivos humanitarios, sin ningún ánimo de lucro, por lo que calificaron de "lamentable" la actitud de la Subdelegación del Gobierno.

Asimismo, señalaron que la persecución de las personas que ayudan altruistamente a los inmigrantes fomenta la deconfianza y las actitudes racistas y xenófobas, al tiempo que incentiva la aparición de mafias que extorsionan a los extranjeros que llegan a España sin documentación ni puesto de trabajo asegurado.

Las dos organizaciones humanitarias solicitaron al Defensor del Pueblo que intervenga para que cese la persecución de las personas que auxilien a inmigrantes y la modificación de los artículos del Código Penal y el Reglamento de Extranjería que posibilitan la sanción de estas conductas, ya que Rafael Lara e mostró convencido de que "con sanciones y multas no se solucionará el problema de la inmigración y seguirá habiendo mafias".

Los representaciones de las asociaciones entregaron al Defensor del Pueblo 4.000 firmas de personas que se autoinculpan, al asegurar que han ayudado a inmigrantes sin documentación.