En declaraciones a Servimedia, Jiménez señaló que "nosotros entendemos que cuando una persona va a firmar un contrato con una empresa privada, ésta le someta a una investigación crediticia para comprobar su solvencia, pero independientemente de que se trate de un inmigrante o no".

"Es absurdo y discriminatorio que una empresa como Vodafone intente garantizar un contrato solicitando a los inmigrantes 90 euros. Esto da una imagen del inmigrante como persona de dudosa capacidad para cubrir un crédito, algo que es inaudito porque una persona que tiene un trabajo estable puede ser sujeto de crédito en cualquier entidad financiera, con independencia de su carácter de inmigrante", concluyó.