En un informe elaborado por ALA, al que tuvo acceso Servimedia, y que ha sido remitido al Ministerio del Interior, se señalan las supuestas irregularidades más habituales que se siguen en los procedimientos de expulsión.

Así, el colectivo de letrados afirma que "sistemáticamente" se vulnerael derecho de defensa del inmigrante que ha sido detenido por una orden de expulsión. En la mayoría de los casos, denuncian, al detenido no se le presta asistencia letrada, ni se le permite prestar declaración delante de su abogado, según lo establece el artículo 520 de la LECr.

Asimismo, se vulnera la presunción de inocencia del detenido al iniciarse y decretarse la orden de expulsión en base al artículo de la LO 7/85 (apartado c) del artículo 26.1, que establece el "estar incurso en actividades conta el orden público", y que el ALA califica de "críptico e indefinible", porque puede basarse en una simple denuncia presentada por la propia policía, sin que su veracidad pueda ser certificada.

Asimismo, tanto el ciudadano afectado como su representación legal tienen vetado el acceso al expediente sancionador durante su desarrollo y sólo es posible conocer el resultado final que, en el caso de ser la expulsión, impide una reacción legal a la misma en condiciones.

Según ALA, "al parecer, existe un orden de la Dirección General de la Policía de carácter interna y secreta, en la cual, contraviniendo la Ley, se les niega a los abogados defensores y representantes legales, la notificación de las resoluciones administrativas de expulsión".