Ruiz-Giménez fue Defensor del Pueblo entre 1982 y 1987, y recurrió ante el Constitucional la Ley de Extranjería de 1985, al considerar que algunos artículos no garantizaban el respeto a los derechos fundamentales de los extranjeros, así como la plena protección judicial de los inmigrantes frente a la Administración Pública.

En declaraciones a Servimedia, el primer Defensor del Pueblo de la democracia aclaró, respecto a la normativa aprobada por el PP,que "no creo que sea una ley recurrible en su conjunto globalmente, pero hay que ver en qué no se respeta el principio básico de nuestra Constitución de igualdad de derechos fundamentales, económicos y sociales de los inmigrantes respecto a los españoles".

A su juicio, a los inmigrantes no se les pueden negar los derechos fundamentales que la Constitución garantiza a los españoles, ni negarles la posibilidad de recurrir a la justicia cuando la Administración le daña sus derechos. "La protección mejor e los derechos humanos la tienen los jueces", recalcó.

Por otro lado, Ruiz-Giménez, que actualmente es presidente del Comité Español de Unicef, abogó por una política global europea para abordar el fenómeno de la inmigración y añadió que, mientras ésta llega, el Gobierno deber regularizar a los miles de inmigrantes irregulares que hay actualmente en España.

"Si esas personas están en una situación irregular, lo primero que debería hacer la Administración pública es tratar de regularizar esa situaión. Si no tienen los papeles, siempre que no concurran circunstancias delictivas, hay que regularizar favorablemente al inmigrante", concluyó.