En una nota d prensa, esta entidad rechaza la intención del Ejecutivo de endurecer el actual texto, "ya de por sí vulnerador de derechos, ajeno a la realidad migratoria y generador, como se viene constatando a diario, de graves discriminaciones".

Además, considera que las reformas son poco claras sobre las actuales trabas burocráticas de regularización, "que poco van a lograr si no se toman medidas de nuevos recursos humanos y materiales para los procedimientos de extranjería, eliminando el racismo institucional eistente".

SOS Racismo también muestra su "indignación" sobre las reformas para las expulsiones, por su "nueva utilización electoralista del tema migratorio".

A su juicio, la reforma restrictiva de la ley "ataca" la independencia judicial y los derechos fundamentales de los inmigrantes y "trata de asociar implícitamente inmigración y delincuencia".

En este sentido, esta federación reitera "la falsedad objetiva de esta relación y las consecuencias sociales tan negativas que está conllevando, e cuanto alienta el racismo y la xenofobia dentro de la sociedad".

Finalmente, SOS Racismo muestra su preocupación "por la inseguridad jurídica que genera en los afectados un nuevo cambio legislativo (3 en menos de 2 años), sin haberse abierto el necesario debate político-social".

Así, indican que la anunciada reforma "no aborda las verdaderas consecuencias que está produciendo la normativa vigente, como el racismo legal e institucional, las expulsiones sin retorno, el fomento de la inmigración iregular o la carencia de derechos e igualdad para los ciudadanos extranjeros que residen en España".