Esta petición al Defensor del Pueblo se producirá unos días después de la entrada en vigor de la Ley de Extranjería, prevista para el próximo 22 de diciembre.

En una nota, esta organización aclara que el Defensor es la institución legitimada y con respaldo de la sociedad civil para presentar ese recurso de inconstitucionalidad.

SOS Racismo destaca que "la nueva ley, que acentúa las retricciones de derechos de las anteriores, es contraria a principios que la Constitución garantiza para todos los ciudadanos, con independencia de su origen, como el derecho a la presunción de inocencia".

En ese sentido, esta ONG denuncia que "la nueva ley contempla la expulsión de personas que se vean acusadas de un delito antes de que se dicte sentencia, es decir, sin que haya condena firme y la denegación de cualquier solicitud de permisos con la sola apertura de expediente de expulsión".

Asimimo, SOS Racismo considera que se vulnera el derecho a la defensa, ya que los inmigrantes irregulares detenidos no podrán defender sus derechos, al ser expulsados previamente. Estas expulsiones pueden ejecutarse en un plazo de tres días, lo que en la práctica imposibilita la presentación de recurso y el derecho a la defensa.

Otros derechos que, a juicio de esta ONG, vulnera la nueva Ley de Extranjería son el de la intimidad, ya que la Policía podrá acceder a los datos del padrón municipal; y el de iguadad, puesto que los innmigrantes irregulares tienen derechos distintos e inferiores ante la Administración.

Por estos motivos, SOS Racismo ha decidido pedir al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Extranjería.

Finalmente, esta entidad hace un llamamiento a las asociaciones jurídicas, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, y a todos los colectivos que tengan la posibilidad de sumarse a esta propuesta, para que se dirijan al Defnsor del Pueblo para frenar esta grave vulneración de los principios democráticos y de los derechos humanos.