En una nota, SOS Racismo acusa al Ejecutivo de "prepotencia y trunfalismo" en su balance de inmigración, que se cerró en 2003 con más de 300.000 nuevos inmigrantes regularizados.

Este colectivo, en relación con las regularizaciones, pregunta al Ejecutivo "¿cuántas (de ellas) son renovaciones? ¿cuántas de estas personas acceden por arraigo? ¿cuántas solicitudes por arraigo se han rechazado? ¿cuántos de ellos son temporeros? ¿cuántas son reagrupaciones familiares? ¿por qué la nueva reforma recorta este procedimiento? y ¿cuántos son ciudadanos comunitarios, y, por tato, no pueden contabilizarse como fruto de una 'eficacia' en el control de flujos?".

Sobre los más de 92.000 extranjeros expulsados el pasado año, esta Federación destaca que "el Gobierno utiliza una línea de actuación peligrosamente cínica cuando aplica expulsiones a ciudadanos provenientes de países con los que no hay convenios de devolución o repatriación, ya que los condena a la total exclusión e indefensión".

Por su parte, el portavoz de SOS Racismo Diego Lorente declaró hoy a Servimedia queel Ejecutivo alardea de regularizar a miles de inmigrantes y no aclara cuántas de estas personas han vivido en la irregularidad, explotados laboralmente e inmersos en la economía sumergida.

Además, Lorente quiso restar "el mensaje alarmista" que, a su juicio, ha intentado transmitir el Gobierno al informar de que en España residen ya más de 1.600.000 extranjeros, y añadió que los inmigrantes aportan a este país riqueza, no sólo económica, sino cultural.

Por ello, este portavoz de SOS Racismo pidi al Ejecutivo que regularice a los miles de inmigrantes irregulares que residen en España y que están condenados a la explotación laboral y la marginalidad.

Además, Lorente criticó la "ineptitud" del Gobierno para regularizar a extranjeros y valerse del Padrón Municipal y de las compañías aéreas para obtener datos sobre la inmigración irregular en España, tal y como lo contempla la nueva Ley de Extranjería. "Hay que respetar más a la democracia, porque esto son actuaciones de la ultraderecha", sentencó.

Finalmente, calificó de "insuficientes" los 84 millones de euros que el Ejecutivo destinó el pasado año a la integración social de los inmigrantes, al tiempo que le reprochó que parte de este dinero lo haya destinado a ONG afines a la Iglesia católica.

Lorente pidió al Gobierno que "se deje de ciencia ficción y que baje a la realidad, aunque no la quiera ver. Por muchos datos y por mucha tergiversación de datos y palabrería, la realidad de la inmigración es pésima y patética".