En rueda de prensa, Sofía Bernardo, miembro de la Comisión Permanente Estatal de SOS Racismo, mostró su preocupación ante la "nefasta" política que está llevando el Gobierno en materia de inmigración, fundamentalmente tras la "contrarreforma" de la Ley de Extranjería que, según dijo, ha traido desigualdades, ha restringido derechos fundamentales y ha creado una situación mucho más negativa que la anterior.

En este sentido, denunció "el archeo continuo" que está realizando el Gobierno para tratar de paliar las "graves consecuencias" de la aplicación de esta nueva norma.

"La consecuencia", añadió, "es que se ha instalado la arbitrariedad más absoluta". Según explicó, en cada lugar se hacen cosas distintas, y la política y las normas que se dan para regularizar a las personas inmigrantes son diferentes, lo que produce una "indefensión tremenda que crea desigualdades entre los diferentes grupos de inmigrantes".

"Se está haciendo un regularización encubierta sin normativa de ninguna clase, lo cual es una indefensión absoluta", reiteró Bernardo. "El imperio de la ley ha desaparecido y es el imperio de la discrecionalidad y de lo que se le ocurra cada día al señor Fernández-Miranda", aseveró.

Esta arbitrariedad en el proceso de regularización se pone de manifiesto, según SOS Racismo, con los datos: el índice de denegaciones en algunas provincias, como Barcelona, es del 71% y en otras, como Madrid, sólo se deniegan el 17%. Asimismo los marroquíes sólo alcanzan un 51% de las resoluciones aprobadas y los sudamericanos o los polacos alcanza sin problemas el 70%.

AUMENTA EL RACISMO

En el análisis que realiza el informe de las consecuencias de la Ley de Extranjería se relaciona la entrada en vigor de la nueva norma con un aumento de casos de racismo y xenofobia en España.

"Han aumentado los casos de racismo", señaló Diego Lorente, representante de SOS Racismo en Madrid, "y eso es una consecuencia claramente de la campaña de ciminalización de la inmigración que realizó el partido en el Gobierno para contrarrestar la contrarreforma de la Ley de Extranjería".

Al margen de la aplicación de la ley, el informe analiza los casos de "racismo social" registrados en España en el año 2000 y los primeros meses de este año.

Según se señala, han aumentado las agresiones racistas tanto por parte de particulares como por parte de los cuerpos de seguridad. Con respecto a años anteriores se observa, fundamentalmente, un incremento de os ataques a la propiedad de los inmigrantes, a viviendas, negocios o lugares de culto.

También los insultos, pintadas y amenazas han dinamitado la convivencia, creando un clima de desconfianza y tensión que ha agravado las posibilidades de integración. En ocasiones, se ha llegado incluso a formar "patrullas de vecinos" con objeto de estigmatizar al inmigrante y tomarse la justicia por su mano.