"Esta medida", según Lorente, "vulnera derechos fundamentales y constitucionales de los inmigrantes, ya que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, pues si se echa de un país a una persona sin saber si es culpable o no de un delito se está vulnerando el derecho a la presunción de nocencia".

Asimismo, añadió que "la delincuencia no aumenta por culpa de los extranjeros. La ilegalidad la han creado ellos, ya que desde hace siete meses no hay ninguna posibilidad de regularización de inmigrantes, lo que lleva a la marginalidad y a la delincuencia".